Por Franco Cerutti

La propuesta de reforma electoral que busca reducir el porcentaje de votos necesarios para ganar la presidencia en Costa Rica ha desatado una ola de controversia y preocupación en el ámbito político y social. Si bien sus defensores argumentan que busca una mayor gobernabilidad y evitar la fragmentación política, sus detractores advierten sobre los peligros de debilitar la democracia y abrir la puerta a la inestabilidad.
Argumentos a favor: ¿Gobernabilidad o simplificación excesiva?
Los partidarios de la reforma sostienen que el actual sistema, que requiere un 40% de los votos para evitar una segunda ronda, dificulta la formación de mayorías sólidas y conduce a gobiernos débiles. Argumentan que reducir este umbral facilitaría la elección de un presidente con un mandato más claro y evitaría la costosa y divisiva segunda ronda electoral.
Sin embargo, esta visión simplifica en exceso la complejidad del sistema democrático costarricense. La segunda ronda, aunque costosa, ha demostrado ser un mecanismo efectivo para garantizar que el presidente electo cuente con un respaldo significativo de la población, lo que fortalece su legitimidad y capacidad de gobierno.
Argumentos en contra: Riesgos para la democracia y la estabilidad
Los críticos de la reforma advierten sobre los peligros de reducir el umbral electoral. Argumentan que esto podría permitir la elección de un presidente con un apoyo minoritario, lo que debilitaría su legitimidad y dificultaría la gobernabilidad. Además, temen que esto pueda fomentar la fragmentación política y la proliferación de partidos pequeños, lo que conduciría a la inestabilidad y la parálisis política.
La experiencia internacional muestra que reducir los umbrales electorales puede tener consecuencias negativas. En algunos países, ha llevado a la elección de líderes populistas con un apoyo minoritario, lo que ha generado polarización y conflictos sociales.
¿Una reforma necesaria o un retroceso democrático?
La reforma electoral propuesta plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de la democracia costarricense. Si bien es cierto que el actual sistema puede presentar desafíos, es crucial analizar cuidadosamente las posibles consecuencias de cualquier cambio. La búsqueda de una mayor gobernabilidad no debe realizarse a expensas de la legitimidad y la estabilidad democráticas.
Es necesario un debate profundo y transparente que involucre a todos los sectores de la sociedad. La reforma electoral no debe ser impulsada por intereses partidistas, sino por el objetivo de fortalecer la democracia y garantizar la representación de la voluntad popular.
Conclusión:
La reforma electoral propuesta en Costa Rica es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso y un debate informado. La decisión que se tome tendrá un impacto significativo en el futuro de la democracia costarricense. Es fundamental que los legisladores actúen con responsabilidad y prioricen el interés general sobre los intereses particulares.