Parecidas en el papel, distintas en la calle.
En Costa Rica llevamos años discutiendo cómo regularizar las bicimotos. Mientras tanto, circulan por nuestras calles —a menudo en sentido contrario, sin luces, sin casco y sin la más remota idea de qué dice la ley de tránsito— vehículos improvisados que ya son, de facto, parte del paisaje urbano. ¿La razón para no actuar? La ternura institucional: "pobrecito, va llevando su arroz y frijoles a la casa, trabaja con eso". Y así, entre compasión selectiva y parálisis legislativa, el problema se vuelve intocable. No hay ley que se aplique, aunque en el papel sí exista.
Ayer, a unos 9,000 kilómetros de distancia, mi hija iba en bicicleta por Groningen (Países Bajos) cuando la detuvo la policía. El motivo: una luz trasera quemada. La multa: 84 euros, unos 44 mil colones. Sin excusas, sin conmiseración, sin "es que necesito la bici para trabajar". La ley existe y se aplica, punto.
La diferencia no está en el texto de las leyes —probablemente muy similares en ambos países—. Está en algo mucho más simple y mucho más incómodo de admitir: la voluntad de hacerlas cumplir. Un país fiscaliza una luz trasera; el otro no logra fiscalizar un vehículo motorizado circulando sin control. Ahí, exactamente ahí, se mide la diferencia entre tener leyes y tener Estado.