¡Me encanta La Escoba! Aquí uno de los más recientes aportes del Señor Juan Diego Castro.

Cuarto caso.
Curules convertidas en gradería de sol. Presidente Municipal y Alcalde agredieron y difamaron a síndica.

Doña María Isabel Araya Rojas (conocida como Marita), síndica del distrito primero de San Ramón, expuso ante el Concejo Municipal, sesión extraordinaria N° 197 del 9 de noviembre de 2018: “… Hemos estado preocupados, porque las asociaciones de desarrollo se están acercando a nosotros, para reclamarnos por el presupuesto participativo. Hay presupuesto participativo del 2016, 2017 y 2018 y no se ha procedido a hacer los trabajos. Entonces, las asociaciones ya se acercaron a nosotros, la de Lisímaco Chavarría, Francisco J. Orlich, El Tremedal y Barrio San José, para ver qué es lo que está pasando con el presupuesto participativo. Nosotros necesitamos una respuesta, cuándo se va a poner ese material, qué es lo que está pasando, que se ha atrasado tanto. No sabemos nada, sinceramente les digo, a nadie le he podido contar, todo el mundo sale a preguntarme y yo no tengo respuesta, porque nadie me ha dicho qué está pasando, en qué fecha está programado, cómo tenemos que hacer. En ese momento se hizo la entrega de documentos para hacer el proceso y en este momento no sabemos nada…”
Después de escuchar a doña Marita el Concejo tomó el siguiente acuerdo N° 01:
“(…) Exhortar a la Administración, para que solicite a la Oficina de Iniciativa Comunal, que elabore y presente al Concejo Municipal un cronograma con los presupuestos participativos de los años 2016, 2017 y 2018, que incluya los proyectos a ejecutar, monto de cada uno, fecha de ejecución, situación actual, si se estuviesen llevando a cabo y el grado de ejecución de los mismos. Para la presentación de este informe se concede un plazo de 20 días naturales. Este acuerdo se exime de trámite de comisión, se aprueba por el fondo y se declara definitivamente aprobado, con cinco votos a favor y uno en contra.- Vota en contra el Regidor José Luis Jiménez Alpízar.”

A la administración municipal no le dio la gana rendir el informe ordenado por los regidores. Después de diez meses de silencio, el 9 de setiembre del 2919, el síndico de San Juan y la síndica del distrito central, presentaron un escrito ante el Concejo, pidiendo que Nixon rindiera el informe del uso que se estaba realizando de los miles de millones que ingresaron a la municipalidad producto de la Ley 8114 y diera respuesta al acuerdo de noviembre del 2918. El presidente Barboza impidió que el documento fuera leído y les negó la palabra a los síndicos como lo hizo en muchas ocasiones.
Claramente todas las gestiones realizadas por los síndicos se encontraban dentro del marco de la legalidad y de conformidad con su deber de ejercer control de los desvíos de los actos de la administración. Ante el bloqueo y la arbitrariedad, el 10 de octubre del 2019, presentaron denuncias ante la Contraloría General de la República y en la Fiscalía dd San Ramón, remitido a la Fiscalía de Probidad de Alajuela.
Por su parte, la Contraloría informó mediante oficio DFOE-DI-2688 del 20 de diciembre,
2019: “(…) Ahora bien, en el caso concreto se indica que mediante un escrito del pasado 9 de setiembre, se puso en conocimiento del Concejo Municipal los presuntos hechos irregulares y una solicitud de información; y a pesar de que el Presidente Municipal no ha leído ese documento ante ese órgano, sus miembros conocen de esa situación pero tampoco se han manifestado al respecto. Sobre el particular, cabe mencionar que el Concejo Municipal es una instancia con la competencia y capacidad jurídica para conocer e investigar los hechos denunciados, y tomar las acciones procedentes, en el ámbito de sus potestades; además, tiene el deber de gestionar lo pertinente con el fin de dar respuesta al requerimiento de información que ustedes le formularon. (…) se tiene que la denuncia en referencia también fue presentada por ustedes en la Fiscalía del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón), la cual abrió una investigación bajo el expediente Nro. 19- 001029-332-PE, en particular, por el supuesto delito de malversación de fondos. Según indagaciones efectuadas, el expediente se trasladó a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Alajuela el 21 de octubre de 2019 (…). Así las cosas, procede mencionar que en este momento no resulta razonable indagar sobre hechos que son de conocimiento de las instancias antes señaladas, ya que ello implicaría una duplicidad de recursos, contrario al principio de economía procesal regulado en el citado artículo 3° de los Lineamientos…”
En vista de las acciones dichas, y con el único fin de que esta situación no se exponga, ni sea investigada, el alcalde procede a llamar por teléfono a la síndica del distrito 1, el día 17 de octubre del 2019 en horas de la noche, con el fin de presionados para que no saliera una publicación sobre el manejo irregular de los fondos públicos en la Municipalidad de San Ramón; sin embargo, al día siguiente en La Extra aparece la noticia sobre la situación que se vivía en la Municipalidad de San Ramón. Nuevamente el alcalde llama a Doña Marita y la asusta diciéndole que como ya la publicación había salido, tenía que comunicarse con el periódico para decirle que se retractaba y que él era un alcalde transparente.
La sesión del Concejo Municipal del 29 de octubre del 2019, fue transmitida públicamente aún después de levantada y mientras los asistentes salían del salón, unas pocas personas conversaban, varios funcionarios ordenaban y hacían otras labores, el regidor presidente Roger Barboza siempre tenía el micrófono como era usual (lo que no sucedía en el uso de la palabra de los otros integrantes, quienes debían esperar para poder encender sus micrófonos. Todas las personas que vieron el streaming se enteraron de al menos 4 actos de hechos turbios, como cuando alcalde aceptó libremente que había llamado a la síndica Marita Araya, para que no denunciara las irregularidades que había descubierto. En esa grabación a partir del minuto 22, se logra discernir con toda claridad el soez y amenazante irrespeto deba Nixon Ureña y Roger Barboza hacia la síndica, cometiendo los delitos de difamación y agresión psicológica de adulta mayor.

22:00 “ (…) a la primera semana han matado a 5 hijueputas… (…)”
23:07
Nixon. Contraté a mi tío Rafa (se refiere a Rafael Guillén Elizondo, el Maestro, exditector del OIJ, hermano de si madre)
Barboza. ¿Para qué?
Nixon. Procesos
Porque debo pelar a Marita.
Barboza. Marita es la que no me cae bien, vieja hijueputa ¿por qué no ha vuelto aquí?.
Nixon. Miedo.
Barboza. Vieja más hijueputa, a mí me cae tan mal.
Nixon. Yo la llamé al día siguiente y le dije que, si salía la noticia, no había trato de nada y la noticia salió y
Barboza. Deje a esa hijueputa en la calle.
Nixon. Y le dije a mi tío (Guillén el ex director del OIJ) usted tiene que dejarla en la calle, usted le quita algo y yo le dono a alguna institución y ya, a mí no me interesa la plata, le digo, pero a esa vieja hijueputa le digo…
Barboza. Totalmente.
Nixon. Ella no pensó cuando firmó esta vara, en lo que iba a decir la gente, ni en mi familia ni en nadie…
Barboza. No simplemente lo estaba haciendo por la pura…
Nixon. Por herir. Espérese para que vea esta parte. Todo es una estupidez vea…
Barboza. No, que está bien, lo que me gustaría es más bien ir a la…
Nixon. Fabio es el abogado.
Barboza. ¿abogado de quién?
Nixon. De este proceso de Martín y de Marita.
Barboza. Fabio.
Nixon…
Barboza. Más bien aquí van a ver que yo le di traslado a la administración.
Nixon. Aquí habla que usted…Bueno ahí lo lee mejor (25:22)… ”

Pero, ¿Qué es lo que lleva a Nixon Ureña a agredir a una síndica adulta mayor, a sabiendas que tal acto constituye un delito?

¿Por qué razón el presidente Róger Barboza impide que el Concejo obligue a la administración a dar cuentas?

En la administración 2016-2020 la municipalidad recibió dfondos provenientes de la Ley 8114 por más de seis de seis mil millones de cólones ₡6,380,645,192.41, la millonada aportada por las ADIs del cantón, y los préstamos multimillonarios, el último con el que se quizo endeudar a la municipalidad fue por ₡5.000 millones, de los que ya le han otorgado ₡1.800 millones.

Desde que Ureña Guillén inició sus labores, lo único que ha dicho es que en cada distrito solo se les va a arreglar un kilómetro por año; y que para tales efectos, cada distrito debía dar como contrapartida de trece millones para comprar la subbase y la base de los caminos a intervenir; sin embargo, los pocos trayectos intervenidos ya contaban -en su mayoría- con base y subbase y lo único que requería era la capa superficial de asfalto. Algunos quedaron inservibles en el transcurso de seis meses.

En la contratación de maquinaria para arreglar el camino Ruta del Quetzal, estuvieron 4 días estacionados a la orilla del camino, a vista y paciencia del jefe de la unidad de caminos Leandro Quesada, que también su empresita de pavimento de caminos.

Los montos transferidos por la Ley 8114 tienen el fin específico de mantenimiento de caminos. Si el kilómetro de calle pavimentada, tiene un valor promedio de 33 millones y, siendo que San Ramón recibió más de 1800 millones por año para ese fin… ¿Podrían arreglar no menos de 50 kilómetros por año, de 5 metros de ancho, con un espesor de 5 centímetros (finisher); sin embargo, la administración solo ha ofrecido un kilómetro por año en 13 distritos…13 kilómetros, pero si se le resta el distrito central que no se le ha realizado ninguna mejora, solo tenemos alrededor de 12 kilómetros por año.

Entonces Nixon debe una respuesta, pues si 12 km cuestan alrededor de 400 millones, cómo gastaron los restantes 1400 millones por año?

Según el Código Municipal, desde la primera semana de julio se deben convocar las reuniones en los distritos para definir las inversiones de presupuestos participativos, sin embargo, pese a tal obligación las reuniones no se realizaron durante el año 2019.

Llama la atención que incluyen supuestas inversiones en el presupuesto presentado (MSR-AM-678-2019 el día 28 de agosto del 2019), con un monto total del presupuesto para caminos ₡1.812.870.958 (página 56) correspondientes a las trasferencias de la 8114, y en la página 90 indica que son recursos provenientes del MOPT “según proyección interna, pues no se pudo obtener ningún oficio al respecto”. La página 136 muestra los montos por compras de materiales con esos dineros y se observa que se le asigna un monto de 32 millones a cada distrito como contrapartida de presupuestos participativos y después se indica en el punto 15 que asignan 600 millones para presupuestos participativos… ¿El doble?

Como epitafio a la gestión nixoniana, ls Contraloría en oficio FOE-DL-0031, del 14 de enero 2020 indicó que esa situación solo le compete y es responsabilidad de la municipalidad quien debe actuar en estricto apego a las disposiciones legales, veamos: “…se deduce que el proceso presupuestario institucional es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, el cual debe realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas vigentes y a la normativa interna establecida. Igualmente, sobre el tema del presupuesto, hay que tener presente que su aprobación interna sin duda alguna es competencia del Concejo Municipal, en el ejercicio de la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política y según el artículo 4 inciso h) del Código Municipal antes citado…”

San Ramón: ¡Apague y vámonos!